La pobreza energética mata.
Es un asesino silencioso que, lejos de atentar contra las vidas de los
ciudadanos en la calle, lo hace tranquilamente intramuros, en nuestros propios hogares.
¿Pero cuánto mata? ¿es
relevante el número de muertes por este motivo para que ahora esté tan en el
candelero y en el discurso de nuestros políticos? ¿Es motivo de tanto revuelo
o, por otra parte, un elemento mediático más para que los políticos anden a la
gresca?
En España, viene
afortunadamente saliendo también del hogareño silencio los casos de violencia
de género. Según las estadísticas las mujeres asesinadas en España por
violencia de género machista ascendieron a 44 en el año 2016. Desde 2007 hasta
2016, el año con mayor número de muertes fue 2008 en que ascendió a 76.
Según la organización World Wildlife Fund (WWF), en España se dan 800 muertes adicionales en invierno
anuales por condiciones inadecuadas de las viviendas.
Es decir las muertes por mal acondicionamiento energético de los hogares
españolas superan en más de un orden de magnitud a las muertes por violencia de
género machista. Pero sin duda la repercusión mediática de aquellas es casi
nula en referencia a éstas.
Los fallecidos en carretera
en 2015 fueron 1.689, esto es, aproximadamente el doble de los referidos en
relación a la pobreza energética. Y ya sabemos, ahora que llega el verano,
cuantas referencias y campañas diarias se hacen en todos los medios en pro de
la seguridad vial, para extremar la prudencia, preparar los viajes, recordar
nuevas normas de tráfico, sanciones, multas, radares, etc. etc. ¿se hacen por
comparación la mitad de campañas para aprender a ahorrar en la factura
eléctrica?, o ¿se facilita el acceso a ayudas para el aislamiento térmico de
las viviendas?¿se consideran a las familias en riesgo de exclusión social?
Mi análisis concluye aquí y
por supuesto no persigue ningún otro tipo de comparación adicional. Una muerte
innecesaria es una muerte evitable sea cual sea su causa. Pero es claramente
evidente la falta de foco sobre la cuestión de la pobreza energética. Y más aún
si tenemos en cuenta la casi total ausencia de normativa al respecto, de cara a
la protección a los colectivos más vulnerables, sumado al más que previsible
incremento del rigor climático por el cambio climático global, el reciente
estallido de la burbuja inmobiliaria que ha traído como consecuencia una
desaforada sobre-producción de viviendas, donde ha primado la velocidad a la
calidad, y sumado asimismo a un laxo seguimiento del cumplimiento del Código
Técnico de la Edificación (marco normativo que establece las exigencias que
deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad
y habitabilidad establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación).
Según el informe de WWF de
las 18 millones de viviendas de primera ocupación que hay en España, el 75% no
cumple con los estándares de confort necesarios. 4,5 millones de hogares no
pueden mantener la temperatura adecuada en verano y 3,3 en invierno. En él se
recoge, asimismo, la mortalidad atribuible al frío en distintas provincias y lo
relaciona con la antigüedad de las viviendas, la edad de la población y la tasa
de riesgo de pobreza. De los datos destacan las provincias andaluzas, con 57
muertes atribuibles en Málaga y 59 en Sevilla entre 2000 y 2009, lo que se
relaciona con un elevado riesgo de pobreza.
Se hace evidente y
perentoria la transición hacia un modelo de sociedad que proteja verdaderamente
el interés público. A las familias y a su inalienable derecho a un hogar sano
antes que a la entidad bancaria desahuciante. A un sistema sanitario agotado
por unas cargas que se podrían aliviar en gran medida con un cambio del foco de
nuestros dirigentes hacia las políticas sociales. Si no es así, la pobreza
energética dará mucho que hablar y que hacer al colectivo sanitario.
